La crisis ha llevado a la Junta a tomar una decisión tan inédita como polémica en una zona de reserva (máxima protección) del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén): Medio Ambiente ha autorizado batidas de caza en el parque Collado del Almendral, una zona vallada de reducida superficie donde se mantienen en semilibertad unos cuantos ejemplares de cabra montés, ciervo, gamo y muflón. La medida se ha justificado desde la Administración autonómica para poder alimentar a los animales, puesto que con el dinero recaudado se ha podido comprar el pienso necesario en un año en el que, además, la sequía ha dejado sin pastos la sierra.
Medio Ambiente sacó a subasta cuatro batidas en el Parque de la Fauna Silvestre Collado del Almendral, a un precio de 1.060 euros cada una. Finalmente, los cazadores pagaron unos 2.000 euros por cada una y mataron, acompañados de agentes de la Junta, dos ciervos y dos muflones. Con los 8.000 euros recaudados se pudo comprar el pienso para mantener a los animales. “Vivimos momentos de dificultad y hay que obtener ingresos que permitan atender otras necesidades”, sostuvo la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez.
Aunque la medida no tiene precedentes en un parque concebido con fines turísticos y didácticos, Gálvez la justifica también en la necesidad de reducir la superpoblación de ungulados. “Hay que optimizar recursos siempre que se mantenga el normal funcionamiento y el hábitat de estos animales”, subrayó la delegada, que tampoco cree que la medida sea excepcional. “No es ninguna medida extraordinaria que se haya tenido que adoptar, sino que sirve para que los animales que haya en el parque sean los necesarios y que no haya superpoblación que pueda interrumpir el normal hábitat de las especies”, aseveró Gálvez. Cada año, Medio Ambiente autoriza en torno a 60 batidas en el interior del parque, pero nunca hasta ahora dentro de una zona acotada para el disfrute de los visitantes del espacio protegido.
Esa es una de las razones por las que la batida ha levantado una gran polvareda entre vecinos y empresarios, que han alertado sobre el daño a la imagen del parque natural más grande del país y un referente del turismo de naturaleza, como lamentó el presidente de la Asociación de Alojamientos, José Ayala. Y en el plano político, el PP ya ha anunciado que llevará el tema al Parlamento Andaluz.
“Permitir la caza de animales semicautivos en una pequeña zona vallada es una torpeza que daña gravemente la imagen del parque natural, que presume merecidamente de ser uno de los mejores espacios ibéricos para la fauna salvaje”, critica Javier Broncano, de Ecologistas en Acción y exintegrante de la junta rectora del parque.
Se han pagado 8.000 euros por abatir dos ciervos y dos muflones
Para el ecologista, la justificación de emplear el dinero obtenido de la cacería en la compra de pienso para dar de comer a los animales es “otra simpleza”, porque ese mismo dinero se obtiene con la caza de cualquier otro animal similar en libertad. Incluso apunta a que, si fuera necesario, se podría cobrar una entrada al parque Collado del Almendral para financiar los costes de la alimentación. A Medio Ambiente le cuesta anualmente unos 20.000 euros el pienso para alimentar a estos animales, según publicó diario Ideal.
El parque en cuestión está ubicado junto a la Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente, donde el afamado naturalista rodó algunas de las escenas más espectaculares del famoso programa de televisión El hombre y la Tierra. Un lugar que se presenta en la página web turística del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas como adecuado para “observar, sin dificultad, a los grandes ungulados que habitan estas sierras, en el que ciervos, gamos, muflones y cabras monteses viven en semilibertad, por lo que solo habrá que caminar en silencio para sorprenderlos alimentándose en algunos de los comederos”. Ahora, sin embargo, se ha permitido cazarlos a escasos metros. “No entendemos que se permita abatir un ciervo a quemarropa, en un lugar donde no tiene defensa ni escapatoria alguna, y donde además los animales están acostumbrados a la presencia humana”, censura Broncano.
El Gobierno andaluz dice que no es una medida extraordinaria
Otros muchos cuestionan la legalidad de las batidas. El empresario Andrés Martínez, del portal Sierra de Cazorla, cuestiona incluso que exista un plan técnico para poder cazar en un equipamiento de uso público. “Con arreglo al Reglamento Andaluz de Caza”, apunta Martínez, “este tipo de instalaciones deben considerarse zona de seguridad aún en el caso de que estuvieran dentro de un coto, y si hubiera usado la figura de caza extraordinaria por la densidad de población deberían haberlos matado técnicos de Medio Ambiente”.
El diputado del Partido Popular de Jaén Javier Calvente ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa en la Cámara andaluza para pedir explicaciones por estas polémicas batidas. “La Junta de Andalucía convierte en ruina todo lo que toca y se ve obligada a permitir la caza en el parque natural para poder comprar comida para el resto de animales”, dice Calvente.
Los populares recuerdan que el exconsejero de Medio Ambiente de la Junta, José Juan Díaz Trillo, prometió inversiones procedentes de Europa en esta instalación del parque natural, por lo que exigen a la Junta que explique: “Qué ha hecho con ese dinero y por qué ahora se ven obligados a tomar estas medidas para poder alimentar a los animales”.
Asturias permite la caza de más de 80 lobos
El plan anual de control de la especie prevé la eliminación de los ejemplares que aparezcan en zonas donde no existe en la actualidad
ampliar foto En Asturias solo la guardería del Principado puede cazar al lobo. / Cordon Press
La conflictividad social con el lobo sigue en aumento en el Principado de Asturias. Los cánidos, según datos oficiales, matan cada año una media de 3.500 cabezas de ganado, lo que ha puesto a sus propietarios en pie de guerra, sobre todo porque el Gobierno asturiano les adeuda todavía 314.700 euros del año pasado y 487.449 de 2012 como indemnización por los daños sufridos. En este contexto, el Comité Consultivo de la Gestión del Lobo dio ayer el visto bueno al plan de control de la especie para este último trimestre de este año y el año próximo, que prevé la captura de 66 ejemplares y cuatro camadas.
Las organizaciones conservacionistas, que forman parte del Comité, votaron en contra al considerar el programa de “erradicación, no de control”, debido a que afecta a un 40% de la población total estimada en unas 36 manadas.“Se contempla la extracción de unos 90 ejemplares (contando las camadas) a lo que hay que sumar la mortalidad ilegal y otras causas”, puntualiza Alberto Fernández, portavoz de los grupos ecologistas y presidente de Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del lobo ibérico). En los controles de población llevados a cabo entre 2011 y 2012 se han abatido 12 ejemplares de los 47 autorizados, a los que hay que sumar 11 muertos por veneno, accidentes de tráfico, lazos … “Sin contar con que los lobos abatidos por controles en una zona y año no reducen los daños al siguiente”, añade.
El Gobierno adeuda a los ganaderos indemnizaciones por 314.700 euros del año pasado y 487.449 de este
El plan no permite que el lobo se extienda hacia otros lugares denominados “áreas sin gestión específica” donde la especie no existe en este momento. Allí el control será permanente y si fuera posible, se eliminarán los ejemplares que aparezcan. En la zona de Picos, con gran parte incluida dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, el único que mantiene una población de lobos en España y el único de Europa Occidental donde habita la especie, se permite capturar a cuatro ejemplares.
El conflicto del lobo con la cabaña ganadera es el argumento más repetido para explicar los cupos de control. Aunque el Principado reconoce que el impago de las cantidades que adeuda tiene una repercusión negativa sobre la percepción social de la especie en el mundo rural, cuestión que “debe ser tenida en cuenta convenientemente en su gestión”. Para los ecologistas, este es el único motivo que existe para evaluar el grado de conflictividad, porque no hay evidencias de que la población, ni los ataques hayan aumentado”, aclara Fernández.
Los conservacionistas dicen que el plan afecta a un 40% de la población total estimada en unas 36 manadas
El número de reses atacadas se incrementó en un 24% de 2008 a 2009, pero desde entonces de ha mantenido constante en unas 3.500. “De ellas, 2.000 pertenecen a las zonas 2 (Palo-Esva) y 4 (Centroccidental), la mayoría de equino. Es decir, que cada uno de los grupos de lobos que viven en estos lugares mataría una media de 200 reses al año, lo que parece inexplicable desde un punto de vista biológico, físico y hasta mecánico”, sostienen los conservacionistas.
También advierten del posible abuso en la solicitud de indemnizaciones por daños, que suma anualmente un millón de euros. Les extraña que el año pasado el informe presentado por el Principado al Comité incluyera “espectaculares gráficas” de expedientes por ganadero que este año han desaparecido. “Había algunos con hasta 65 denuncias pagadas en un solo año, lo que apuntaba directamente a fraude o abuso. Aunque solicitamos una investigación, no conocemos los resultados en el caso de que se hayan llevado a cabo”, indica Fernández.
Para el sector ganadero el plan es perfecto, siempre que tenga resultados. “Así no podemos seguir, perdemos animales todos los días”, asegura Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG Asturias. Para aumentar la efectividad de la medida, pide que se convierta a la especie en cinegética como ocurre en otros lugares de España, como Galicia y Castilla y León. El cánido continúa estando protegido al sur del Duero. El siguiente paso del Principado en el tratamiento de una especie tan problemática es la revisión del Plan de Gestión del lobo que data del año 2002.